La convocatoria de las organizaciones de Derechos Humanos, a la que se han sumado sindicatos y Ongs sociales, a una gran concentración para mañana jueves 26 de julio a las 17 hs, en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, parece haber abierto la caja de todos los miedos en el gobierno nacional. Desde el amanecer del día 25, la plaza está cerrada al tránsito vehicular y el acceso peatonal solo es posible para las personas que trabajen en el lugar y que no tengan más remedio que ingresar a la plaza. Pero solo lo pueden hacer por 2 entradas severamente controladas. La Casa Rosada ha quedado en el centro de un doble vallado perimetral de rejas y fuerzas de seguridad.
El decreto 683/2018 firmado por el presidente Mauricio Macri el lunes pasado, y publicado en el Boletín Oficial al día siguiente, abrió la caja de los truenos en la sociedad argentina. La medida habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en conflictos internos. Esa capacidad disuasiva y activa de los militares fue expresamente prohibida por la ley 24948 (Reestructuración de las Fuerzas Armadas) sancionada el 18 de marzo de 1998 y que significó un importante acuerdo político de la sociedad argentina, para terminar con la intervención militar en asuntos sociales y políticos internos, preámbulo histórico de los Golpes de Estado del siglo XX.
Si bien el decreto presidencial aclara que la intervención de las FF.AA tendrá funciones limitadas, en la lucha contra el narcotráfico y/o grupos terroristas en la frontera, todos suponen que su accionar será más amplio. El decreto puntualiza que “…no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior” y que la “…actuación de las FUERZAS ARMADAS, deberá ser efectuada de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520.”.
Las organizaciones de Derechos Humanos y la mayor parte de la sociedad civil, cree que los conceptos son tan amplios que, probablemente, se vulneren libertades esenciales bajo el argumento de investigaciones por narcotráfico o terrorismo internacional. Todo el arco político opositor se ha manifestado en contra de la medida y exige que sea el Congreso Nacional quien intervenga y legisle sobre la materia, toda vez que el decreto – en la práctica – suspende la aplicación de la ley 24948.
Nadie puede afirmar que la convocatoria de mañana sea masiva. Hay un solo antecedente que se podría tomar como referencia. La protestas por la aplicación del “Dos por Uno” en el cumplimiento de sentencias por Crímenes de Lesa Humanidad, que quiso legalizar la Corte Suprema y que finalmente debió retroceder. Pero el “humor social” no es una ciencia exacta, así que nadie puede afirmar que mañana irá mucha genta o tal vez nadie.
Pero el gobierno sabe que su decreto va a contramano de un acuerdo político, labrado con paciencia por las fuerzas políticas al final de la década de 1990. Y que se trata de un punto de equilibrio en la democracia argentina. Nadie del entorno presidencial o del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, ha emitido declaración en ese sentido. Pero a veces, un gesto, una acción preventiva, tiene más significado que cualquier comunicado. El temor a una respuesta contundente de la sociedad está patentizado en la clausura total de la Plaza de Mayo.
En el primer momento, la convocatoria era en Azopardo 250, justo detrás de la Casa Rosada, sede del Ministerio de Defensa. Pero los organizadores finalmente resolvieron que la concentración sea en la Plaza de Mayo, debido al vallado total de las calles próximas a ese ministerio. De igual forma, la Casa Rosada ha quedado rodeada de un doble enrejado perimetral.
La primera línea de rejas es la que tiene habitualmente en todo el perímetro próximo, que se instaló luego del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001. La segunda línea es la nueva reja colocada tras la reciente remodelación. Se extiende trasversalmente por la mitad de la plaza a la altura de la Pirámide de Mayo y va de la intersección de las calles Rivadavia y Reconquista (lado norte) a Hipólito Irigoyen y Defensa (lado sur).
Esa reja de más de tres metros de altura fue cerrada al amanecer (6 de la mañana aproximadamente), al igual que los accesos vehiculares por la calle Hipólito Irigoyen y Rivadavia. Los peatones pudieron circular libremente en la parte oeste de la plaza, la que va de la Pirámide de Mayo en dirección al Cabildo y la av. de Mayo. No así del lado este que es el espacio que une el frente de la Casa Rosada y la Pirámide. En este sector solo pudieron acceder quienes trabajan en alguna oficina del sector. Los ingresos peatonales solo fueron posibles por la esquina de las calles Alsina y Balcarce y por Rivadavia y Leandro N. Além. No obstante, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde (en el horario bancario) la gente ingresaba a la Casa Central del Banco de la Nación por las calles Reconquista o Bartolomé Mitre, cruzada las líneas de caja en el hall central y salía a la plaza por las puertas que dan a la calle Rivadavia. Es decir, un operativo precario para sortear los controles policiales.
Cualquier persona u observador que desconociera la situación social de Argentina, podría pensar que el país se encuentra en grave estado de enfrentamientos. Y que la única forma de proteger las instituciones es con importantes operativos de seguridad. Las camionetas para transporte de efectivos de infantería de la Policía de la Ciudad, autobuses de la Policía Federal Argentina y otras unidades de la Prefectura Naval, indicaban que el despliegue de efectivo no era para nada desdeñable. Pero la realidad social y política argentina no es (por ahora) de enfrentamiento… Hay crispación social producto de la crisis económica que atraviesa el país desde hace más de un año. Hay protesta, pero no hay enfrentamientos ni amenaza de una “revolución” inminente.
Cuando se observa semejante despliegue de seguridad alrededor de los edificios institucionales, habría que pedirle al gobierno que explique qué es lo que espera que suceda… O si está tratando de hacer una demostración de fuerza represora para disuadir cualquier protesta a su política económica.
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