¿El problema del aparato estatal argentino y su burocracia es de parientes? ¿Se deben ir los parientes para organizar racionalmente su funcionamiento? ¿Se optimizarán los recursos si no hay parientes en el Estado? Un recorrido rápido por la legislación internacional, nos indica que ese no es el corazón del problema. Todo indica que el acceso a la función pública a través de concursos de méritos, en convocatorias públicas y transparentes, mejora la eficiencia de la burocracia. Pero el gobierno solo quiere dar un golpe de efecto moral a la Opinión Pública, y rearmarse políticamente, antes que abordar la solución real de un problema que es tan viejo como el país.
De pronto, de la noche a la mañana, parece que el gobierno nacional de Argentina ha descubierto que el principal problema del aparato del Estado es el “Nepotismo”. Luego de una gira europea con nulos resultados y una visita al Foro de Davos con más pena que gloria, el presidente Mauricia Macri hizo su anuncia “Estrella” apenas bajó del avión. “Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo nacional. Este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del Gobierno», le dijo a la prensa. Y a partir de ahí comenzó una pesquisa para saber exactamente hasta qué nivel familiar estaba afectado.
El presidente ha sido consecuente con su método de hacer anuncios y luego ver cómo se legisla o se realizan los ajustes técnicos y jurídicos de tal o cual decisión. Es la particular versión del sentido pragmático y resolutivo de ejercer el poder y hacer política. El Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, informó luego del anuncio que “seguramente” alcanzará a las esposas, los padres y los hijos. Y ahí se acabaron las precisiones. Sin ningún tipo de pudor, mostró el presidente su improvisación al hacer los anuncios: “»En los próximos días voy a firmar un decreto para que ningún ministro del Gobierno nacional pueda tener familiares en el Gobierno y sé que con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos del equipo y eso me da mucha pena»,
Todos los trascendidos indican que se reducirá en un 25% los altos cargos del Estado, que unos 300 altos funcionarios que ganan sueldos superiores a los 160.000 pesos verán congelado su salario y que se reducirán algunas dependencias oficiales. Las cifras puestas así no son más que un reconocimiento indirecto del error cometido hace dos años cuando asumió el gobierno y elevó la cantidad de ministerios, aumentó un tercio las secretarías y subsecretarías y duplicó las direcciones generales. Aquella carrera frenética de nombramientos, apenas iniciada la gestión, crearon la sospecha de que la alianza Cambiemos estaba necesitada de retribuir favores electorales. Hoy el cuerpo general del Estado está armado por 20 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias, 687 direcciones nacionales y generales, 122 institutos y organismos.
Todos los observadores políticos coinciden que este anuncio es fruto del golpe político que significó las revelaciones sobre empleados del ministro Jorge Triaca y la colocación a discreción que hacía en puestos del Estado. Pero la medida pretende retomar la iniciativa política luego del desgaste fenomenal que sufrió el gobierno en diciembre para aprobar la reforma previsional.
Es un clásico de la política argentina, el reclamo permanente del pensamiento conservador acerca del tamaño del Estado y la cantidad de funcionarios innecesarios que alberga. Es también un lugar común, culpar a la cantidad de personal todos los problemas de funcionamiento estatal. Pero también es un tópico que nadie proponga una formula, sistema o esquema superador de las deficiencias de funcionamiento y la relación con el gasto público.
Argentina tiene un problema crónico con el gasto público y un debate más antiguo todavía, que discurre por niveles equivocados. El sociólogo Max Weber (clave en el análisis del Estado moderno) decía que “el factor que produjo el capitalismo es la empresa racional permanente, la contabilidad racional, la tecnología racional y el derecho racional; pero ninguna de estas causas en forma aislada. Factores complementarios imprescindibles fueron el espíritu racional, la racionalidad de la conducta en la vida, en general, y una ética económica racionalista”. Para llevar a cabo esa tarea, hace falta (según Weber) un aparato burocrático profesional, organizado racionalmente y preparado técnicamente.
Nada de esto se da en nuestro Estado que se ha ido formando en base a colocaciones de favor, solidaridades políticas, pagos de apoyos electorales y otras artimañas por el estilo. Si hay algo de lo que carece el Estado argentino es de una burocracia profesional organizada racionalmente. Si el presidente Mauricio Macri, la alianza Cambiemos y los dirigentes que lo acompañan estuvieran de verdad interesados en la reorganización del aparato estatal y la “Racionalización” del gasto público y la optimización de los recursos, entonces se podría empezar por instrumentar mecanismos claros y transparentes para ingresar a la función pública.
Desde hace varios años las organizaciones sindicales y otros colectivos profesionales reclaman la convocatoria a concursos de méritos y antecedentes para ocupar los cargos de la función pública. También para legalizar y efectivizar la enorme masa de empleados cuya relación laboral se da mediante contratos temporales, es una situación que llevan años y no ha tenido solución en las últimas tres administraciones nacionales. La vocación por no implementar concursos abiertos, públicos, transparentes y con requerimientos claros es consustancial a la dirigencia política argentina, en su mayoría. Ningún dirigente importante de la oposición le reclamó al presidente Macri que convoque los concursos pendientes para ocupar los cargos. Todos se quedaron en la crítica relativa a que se trata de una cortina de humo para retomar la iniciativa política. Es cierta la afirmación, pero es insuficiente si se quiere abordar el tema de la organización del Estado y la optimización de los recursos.
Argentina tiene una legislación al respecto que está a medio camino. Es “Casi” una solución. Pero no lo es porque no es concreta y deja abierta una serie de posibilidades con el compromiso de resolverla en algún momento que nadie sabe todavía cuál es. Esta hubiera sido una gran oportunidad para que el presidente lo hiciera, convocara al Congreso a debatir estas cuestiones y cerrar un marco normativo concreto. Pero fiel a su estilo, prefirió el camino mediático y dejar la historia otra vez llena de incógnitas.
La Ley MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL (Ley 25.164) dice en su artículo 4º:
Deróganse las Leyes 22.140 y su modificatoria 24.150; 22.251 y 17.409; 20.239 y 20.464.
Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, dichos ordenamientos y sus respectivas reglamentaciones continuarán rigiendo la relación laboral del personal de que se trate, hasta que se firmen los convenios colectivos de trabajo, o se dicte un nuevo ordenamiento legal que reemplace al anterior.
En ningún caso se entenderá que las normas de esta ley modifican las de la Ley 24.185.
En el Capítulo II (artículos 4º y 5º) del Anexo se indican los requisitos e impedimentos para el ingreso a la función pública. Pero en ningún lugar de esta legislación está el Cómo se ingresa. La Ley 22140 es de 1980 (plena Dictadura Militar) está derogada pero No lo está tanto porque la legislación que debe reemplazarla no está.
Como se comprenderá, sin complicarnos con largos análisis legales, es evidente que el problema de ingreso a la función pública no son Los Parientes. El problema es estructural en cuanto a que el ingreso al aparato del Estado es discrecional, antojadizo y caprichoso. No responde a una organización racional, pensada para que funcione. Mientras los concursos convocados se dilaten en el tiempo (por ejemplo para jueces) y otras áreas ni siquiera se concursen, la situación general de la burocracia del Estado será la de beneficiar al responsable político del turno, antes que a las necesidades del bien común.
Sarmiento-cm 